Esta es una organización de la comuna de La Pintana que está constantemente promoviendo la defensa de los derechos de las persona y denunciando a quienes los violan.
Puedes sintonizar en Radio Siglo XXI el programa del Comité "Que difícil es juntarnos", todos los lunes a las 22 horas en el 107.9 FM.
Por intermedio de esta acción de Recuperación de Tierras ponemos en conocimiento los abusos y exterminio que ha sufrido el pueblo Mapuche en esta zona, desde el día en que se invadió militarmente nuestro territorio; abusos y atropellos que se han legalizado viéndose lógicos desde la sociedad chilena.
El Marzo de 1883 el ejército chileno al mando del general Basilio Urrutia junto a 200 infantes invade nuestro territorio, fundando el fuerte de Cunco y el fuerte Llaima, distante siete millas hacia la cordillera. Al llegar los militares invitan a los lonko junto a sus familias a parlamentar a cerca de los supuestos beneficios que traería la civilización. Al manifestar los lonko rechazo a la forma de invasión con muerte e incendios, el ejército dispara en contra de nuestros hermanos quedando muy pocos sobrevivientes que se instalan en los altos de la cordillera. En la memoria de nuestras comunidades está vivo el recuerdo de estos hechos. Actualmente esos terrenos pehuenche se conocen con el nombre de Fundo Matanza.
En 1905 por decreto Nº 58 el Estado chileno entrega a la Concesión Silva Rivas 280.000 hectáreas abarcando desde Trompulo a la frontera con Argentina, sin considerar que en este extenso territorio vivían cientos de familias mapuche.
El año 1908 la Comisión Radicadora llega a esta zona, comenzando otra serie de abusos ya que esta Comisión solo inscribía a las familias que podían pagar su radicación, dejando así numerosas comunidades sin tierra o inscritos con Títulos gratuitos que después no tuvieron validez legal siendo desalojados por la Sociedad Silva Rivas que utilizaba fuerza armada para desalojar a nuestros hermanos y apropiarse de sus bienes y animales. Algunos de estos reclamos constan en el informe de Memoria de la Inscripción General de Colonización con fecha 5 de junio de 1911.
DENUNCIAMOS QUE LA JUSTICIA CHILENA JAMÁS RESOLVIÓ ESTOS HECHOS A FAVOR NUESTRO.
En 1908 se radica la Comunidad Jacinto Antimán con el Título de Merced Nº 1361, con 315 hectáreas , mientras que a cada familia extranjera se le adjudicaba 2.210 hectáreas . Este mismo año se radica la Comunidad Rosa Catrilaf que fue desalojada por la Sociedad Silva Rivas, actualmente Fundo Santa Rosa y Forestal Mininco, colindante con nuestra comunidad.
Con la Ley N º 2.568 se impone sin consentimiento de los integrantes de la comunidad la división de la Tierra distribuyendo Títulos de Dominio solo a las familias que contaban con casa o estaban presentes al momento de la división, quedando muchos hermanos sin tierra ya que el territorio de la comunidad había sido disminuido por la corrida de cercos de los particulares vecinos.
DENUNCIAMOS QUE UNA VEZ MÁS NO SE RESPETARON LOS DERECHOS FUNDAMENTALES MAPUCHE, YA QUE LA TIERRA DIVIDIDA Y DISTRIBUIDA POR ESTA LEY, ES MUCHO MENOR CANTIDAD QUE LA ENTREGADA EN EL TÍTULO DE MERCED.
Actualmente las nuevas generaciones deben emigrar por falta de Tierras donde vivir, ubicándose en los barrios marginales de los grandes centros urbanos y en trabajos mal remunerados por falta de capacitación.
Confiados en que el gobierno de la presidenta Michel Bachelet esta vez escucharía nuestra voz, viajamos a Santiago, donde no fuimos recibidos por la autoridad competente y no fueron escuchados nuestros planteamientos que permitirán solucionar en parte el problema territorial.
HOY LAS COMUNIDADES MAPUCHE DE LA ZONA DE CUNCO NOS HACEMOS PRESENTE EN EL TERRITORIO QUE ANCESTRALMENTE NOS PERTENECE Y DE AQUÍ ALZAMOS LA VOZ PARA QUE ESCUCHEN AUTORIDADES Y PUEBLO EN GENERAL, NOS REINSTALAMOS EN LO QUE POR DERECHO ANCESTRAL ES NUESTRO Y ESTA VEZ NO BAJAREMOS LA VOZ NI LOS BRAZOS; NUESTRA LUCHA ES JUSTA Y EL DERECHO DE VIVIR EN NUESTRO TERRITORIO PARA NOSOTROS ES SAGRADO.
Desde hoy 20 de Abril se pone en vigencia la ley ,20.285 , sobre acceso a la información pública, ésta permite el control social sobre los actos que involucren los intereses de los cuidadnos por parte de las autoridades. Se consideran como documentos de acceso público, las resoluciones, contratos, acuerdos y toda información elaborada con presupuesto público. Esto marcara un antes y un después en materia de probidad y un paso en la profundización y el ejercicio democrático, se puede requerir información a todos los estamentos públicos y estos están obligados en un plazo que no puede ser mayor a 20 días responder a la solicitud realizada.
¡¡¡EJERZAMOS CONTROL CIUDADANO SOBRE LAS DECISIONES QUE TOMAN LAS AUTORIDADERS¡¡¡¡¡¡
¡¡¡VAMOS QUE SE PUEDE COMBATIR EL ABUSO Y LA CORRUPCION¡¡
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